Los Guayos, Viernes 27/05/2016. Prensa Voluntad Popular Los Guayos. El coordinador del partido Voluntad Popular en el municipio Los Guayos, Aníbal Gordillo exigió al primer mandatario municipal Aníbal Dose, el cese inmediato de la represión a las protestas pacíficas que han emprendido los ciudadanos Guayenses, y que han sido, según a su juicio, “brutalmente reprimidas por órdenes directas del alcalde”.
Gordillo recordó las manifestaciones suscitadas el pasado miércoles, cuando un grupo de vecinos del sector Josefa Camejo (La Pelayera) protestaron al borde de la vía carretera nacional Los Guayos-Guacara, para exigir al ministro Marcos Torres su derecho a la alimentación.
“Los vecinos tienen el derecho a exigir lo que en el artículo 305 de la constitución está establecido, como es, el de la alimentación mediante la protesta pacífica consagrada en el artículo 68 de la carta magna”, sentenció Gordillo.
Al mismo tiempo, el coordinador del partido naranja destacó, que más de 10 personas fueron aprehendidas, entre ellas, una mujer embarazada, cinco estudiantes y cuatro trabajadores que están puesto a la orden de la fiscalía.
“Como puede ser posible que una mujer de 23 años en estado de gestación, fue agredida con un casco por una funcionaria de PoliGuayos de nombre Araica Díaz; y como si fuera poco, fue llevada a la sede policial y vejada al pasar cinco horas bajo el sol”, puntualizó el responsable del partido VP en Los Guayos.
Por su parte Rafael Delgado, representante juvenil de Voluntad Popular en la jurisdicción, exhortó a los concejales de Los Guayos, hacer pública la ordenanza donde se prohíbe la manifestación pacífica en las calles del municipio.
“Retamos a los ediles de Los Guayos a mostrar la ordenanza con la que PoliGuayos actuó y reprimió a los manifestantes del sector Josefa Camejo, en donde alegaban que por una ordenanza se les prohibían el derecho a la protesta pacífica”, mencionó Delgado.
Para finalizar, Delgado recordó al director de PoliGuayos Iván Ochoa, que “las violaciones de los DDHH que han venido cometiendo sus funcionarios adscritos, no prescriben y que son delitos que no pueden ser borrados”.
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